Por: Equipo yoinfluyo.com
El pasado 28 de febrero, la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la acción de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Civil, aprobadas en diciembre pasado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal, que reconocen como "matrimonio" la unión entre personas del mismo sexo, mismas a las que se les permite la adopción de niños.
Esta acción, como es lógico, provocó el unos la rechazaran y otros la aprobaran. Según La Jornada, diario identificado con la izquierda, el PRD y sus causas ideológicas, algunos pensadores encabezados por Elena Poniatowska, se manifestaron en contra.
De acuerdo al diario, afirmaron que "quienes se oponen al matrimonio entre parejas homosexuales y a que éstas adopten están basados (sic) en creencias irracionales; son actos de ignorancia e intolerancia".
Del otro lado, la Iglesia Católica, de la mano del Colegio de Abogados Católicos, manifestó su beneplácito por la acción de la PGR. Según el Editorial del semanario religioso Desde la Fe, "la decisión libre de personas del mismo sexo para convivir en paz no debe confundirse con instituciones que tienen su propia característica y su propia finalidad", como es el matrimonio que implica la unión de dos personas varón y mujer.
La PGR sin duda ha dado un paso importante en la defensa y preservación de la estructura básica de la sociedad mexicana. Las instituciones del Estado son creadas para ponerse al servicio del interés público, de modo que protejan dicho interés de acuerdo con las tradiciones, la cultura, la historia, la identidad, los valores más profundos de una población, siempre de acuerdo a la naturaleza humana.
Independientemente de la evaluación de desempeño que debe hacerse a esta institución, de los cuestionamientos en los que ha estado involucrada y de las prácticas que todavía se le cuestionan, la PGR ha demostrado un sólido compromiso con la defensa de derechos y valores fundamentales, como la vida y la familia, respectivamente.
Aun con esta acción, es difícil calificar la conducta del gobierno del presidente Felipe Calderón al respecto de estos temas, especialmente en referencia a la homosexualidad. Aunque por un lado, la PGR interpone un recurso de inconstitucionalidad por una polémica ley que promueve el homosexualismo, por otro México suscribe documento en las Naciones Unidas que avalan posturas favorables a la promoción del homosexualismo.
El comité de ese organismo que se dedica a verificar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales decidió que estaba facultado para afirmar que la "identidad de género" y la "orientación sexual" son categorías de no discriminación, mismos que fuerzan a los países a reconocerlas dadas las leyes internacionales en la materia.
Debido a la poca claridad y la rapidez con la que lo anterior fue aprobado, la Asamblea General de las Naciones Unidas intervino ante el reclamo de países orientales, encabezados por Irak. La delegación de México, liderada por Claude Heller Rouassant, ni sus luces. El cuerpo diplomático mexicano instalado en la ONU se mantuvo en silencio y lo hizo apoyando el intento de ampliar el listado de categorías de no discriminación.
El voto a favor de México hacia esta resolución preocupa en la medida en que dicha propuesta no sólo se refería a la inclusión de dos nuevas categorías de no discriminación, sino que en el fondo este recurso podría utilizarse para poner límites a libertades fundamentales como la de culto, de expresión y conciencia, así como interferir en las leyes sobre matrimonio y educación infantil.
¿Cómo explicar esta incongruencia? ¿Por qué la delegación nacional en la ONU no es consistente con las políticas impulsadas en México? ¿Por qué al interior del país el gobierno panista actúa en congruencia con los principios que dan sustento al Estado mexicano y no hace lo mismo fuera de él? ¿Estará enterado el presidente Calderón de esta situación?
Es por demás extraño que, mientras en la ONU la delegación mexicana promueva el discurso y las políticas que promueven el homosexualismo, en el país sean las instituciones del Estado las que actúen en sentido contrario.
Los ciudadanos de México tenemos la responsabilidad de pronunciarnos a favor del México que queremos. Como se ha dicho en ocasiones anteriores, las personas homosexuales deben tener todas las garantías para desarrollarse como personas y las instituciones del Estado se ocupan de ellos, tanto como se ocupan de cualquier otro individuo.
Sin embargo, hay una serie de acciones que los ciudadanos podemos llevar a cabo para manifestar nuestro apoyo a la decisión tomada por la PGR, así como el rechazo a las políticas apoyadas por México en la ONU.
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«La vanidad es la gloria de los pobres de espíritu»
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